Misión de observación del equipo regional de monitoreo y análisis sobre derechos humanos y conflictividad en Centroamérica
INTRODUCCIÓN
El equipo regional de monitoreo y análisis de la situación de Derechos Humanos y conflictividad en Centroamérica es una iniciativa integrada por ocho organizaciones de reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en la región[1]. Este equipo trabaja anualmente un informe sobre la situación de Derechos Humanos en Centroamérica y ha generado acciones de incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Parlamento Centroamericano y Sistema de Integración Centroamericana.
Posterior al rompimiento del orden constitucional en Honduras, las dos organizaciones integrantes del equipo regional en este país, CIPRODEH y CODEH, activaron un llamado para que una misión del equipo previa a las elecciones convocadas para el 29 de noviembre verificara las condiciones en materia de garantía y protección de los derechos humanos en este evento electoral. Una delegación de este equipo integró esta misión, la cual estuvo en Honduras del 15 al 19 de noviembre.
El presente reporte es producto de las apreciaciones recogidas por esta misión en el transcurso de su estadía en Honduras. Fueron entrevistados diferentes actores sociales, estatales e internacionales con el objeto de recoger sus opiniones y preocupaciones de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Producto de la observación realizada, se ha elaborado un análisis de contexto y un mapa de los posibles escenarios visibles a corto plazo en la realidad hondureña en materia de derechos humanos o como estos escenarios pueden afectar su respeto y garantía.
Esperamos que los resultados de este trabajo puedan ser de utilidad para todas las instancias y sectores interesados en la vigencia de los derechos humanos en este país centroamericano.
ANTECEDENTES Y CONTEXTO A LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES DEL PROXIMO 29 DE NOVIEMBRE.
1. Vigente el rompimiento del orden institucional ocurrido el 28 de junio.
Honduras vive una situación de incertidumbre respecto a su estabilidad política. El último intento de conocimiento público orientado a la solución al conflicto hondureño fue el “Acuerdo Tegucigalpa - San José- para la reconciliación nacional y el reconocimiento de la democracia en Honduras”, firmado por los integrantes de las delegaciones del gobierno de facto precedido por Roberto Micheletti y el gobierno del Presidente Manuel Zelaya. El documento se define como “…un acuerdo político que habrá de permitir reestablecer la convivencia ciudadana y asegurar un clima apropiado para la gobernabilidad democrática en nuestra patria…”. Reconoce además urgencia de sentar las bases para suplir la necesidad de paz social, tranquilidad política y gobernabilidad en el país.
El Acuerdo no fue cumplido, principalmente porque fue inobservado su punto central, que es la “…retrotraer la titularidad del poder Ejecutivo a su estado previo el 28 de junio…”. Por ende la celebración elecciones no goza del respaldo de todos los actores internos, así como de actores internacionales que se han abstenido incluso de enviar observadores electorales. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, señalo con claridad que: “Si no hay una elección con plenas garantías democráticas y habiendo asegurado la continuidad democrática, difícilmente se va a reconocer ese proceso…”[2]. Asimismo, los gobiernos de Brasil, Argentina y Ecuador han manifestado que no reconocerán al gobierno que resulte ganador en estas elecciones, por considerar que las mismas no se han realizado con las necesarias garantías democráticas.
El gobierno de España, por su parte, a través del Secretario para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, tras señalar que se está presionando para que las elecciones sean parte de la solución y no un problema, advirtió que, de no producirse un cambio de las circunstancias actuales, será "muy difícil" que el gobierno español reconozca el resultado de las elecciones[3]. De Laiglesia plantea que estas elecciones se “…celebrarían con un gobierno de facto y un presidente legítimo encerrado en una embajada, además de estar presididas por "serias restricciones" de las libertades y una "situación delicada" en el terreno de los derechos humanos. Con este panorama, el Gobierno español entiende que las elecciones no son democráticamente aceptables…”.
Sin embargo, otro actor internacional, el gobierno de Estados Unidos, en voz de su Subsecretario Adjunto, Craig Kelly, ha manifestado un respaldo al proceso electoral, señalando que: “…nadie tiene el derecho de quitar al pueblo hondureño el derecho de votar y elegir a sus líderes; "...Esa es una parte importante de la democracia, y he notado el entusiasmo en el país que está avanzando hacia las elecciones…”[4].
Esta situación, que refleja no solo la polarización interna, sino también la internacional referente al conflicto hondureño, es grave en la medida que no hay una salida adecuada a la interrupción democrática generada a consecuencia del golpe de Estado. Algunos sectores, entre ellos voceros de los partidos políticos, estatales e iniciativas civiles, consideran que la realización de las elecciones constituye una salida al conflicto y a la inestabilidad. Sin embargo, buena parte de los sectores de la sociedad civil aglutinados en el llamado movimiento de resistencia consideran que no existen las condiciones para la celebración de los comicios, han anunciado un boicot al proceso y han llamado a que la población no acuda a las urnas.
2. Violencia política.
Desde el golpe de Estado es notable el incremento de la violencia social en Honduras, en particular un clima vigente hasta esta fecha de violencia política. Los principales dirigentes de la denominada resistencia y varios de los candidatos de los partidos en contienda han sido objeto de amenazas, atentados y asesinatos. Por ejemplo, Carlos Reyes, reconocido dirigente sindical quien hasta el mes de octubre encabezó una candidatura independiente a la Presidencia, fue objeto de una paliza en agosto pasado durante una manifestación pública, lo que lo obligó a permanecer hospitalizado una semana. Otro ejemplo es del diputado del partido Unión Democrática (UD), Marvin Ponce, quien también fue objeto de una golpiza policial en el mes de octubre que le ocasionó severas fracturas.
Las organizaciones de derechos humanos también han sufrido represalias, como el caso de Berta Oliva, Presidenta de COFADEH, quien ha sido objeto de amenazas y una campaña mediática de desprestigio achacándole falsamente la apropiación de fondos, además que ha sido objeto de permanentes amenazas. Otro caso han sido las amenazas y procesos legales abiertos contra el Presidente del CODEH, Andrés Pavón por los delitos de “sedición”. Es importante señalar el uso de instancias estatales para estas agresiones, tales como el canal 8 de TV y la Fiscalía General de la República.
Agresiones y asesinatos contra activistas y opositores políticos en diversas circunstancias desde el 28 de junio, con la autoria de agentes policiales y militares, aunado a un incremento sustancial de casos de tortura indican una práctica de violencia que recuerda hechos similares ocurridos en la década de los ochenta. Esta situación es bastante diferente al tipo de violencia que caracterizaba a Honduras antes del Golpe de Estado. Si bien se registraba el uso de la tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes (TCID), en 7 de cada 10 personas detenidas por autoridades policiales y militares acusadas de delincuencia común, el perfil de las victimas actuales de tortura son personas que apoyaron la encuesta/consulta conocida como la “Cuarta Urna” o que han participado en acciones de protesta y exigencia de la restitución del Presidente Zelaya. El siguiente cuadro, elaborado en base a casos específicos registrados por el Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las victimas de la tortura y sus familiares -CPRT-, demuestra este hecho:
En muchos casos, las víctimas de tortura han sido procesadas bajo los delitos de “sedición” o “desordenes públicos”. Con esto, se invisibiliza la violación a sus derechos y se les revictimiza. El Ministerio Público ha validado la violación de garantías constitucionales de personas detenidas. A pesar de interposición de recursos de Habeas Corpus, los jueces no se pronuncian sobre ello y en el caso de algunos que si lo han hecho, han sufrido represalias, incluyendo el traslado de donde están asignados.
Para la Fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, el 28 de junio en Honduras se ha dado un golpe de Estado. Sin embargo, plantea que no puede señalar que las violaciones a la vida registradas desde el 28 de junio respondan a una política de Estado. Reconoce “casos graves de tortura”[5] y que las investigaciones realizadas en casos paradigmáticos como los asesinatos contra el joven Isy Obed Murillo y el profesor Roger Abraham Vallejo indican la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en los hechos. Señala también evidentes restricciones a la libertad de expresión e información (como los cierres e interferencias contra radio Globo, canal 36 y El Periódico”), así como detenciones contra extranjeros. Plantea la existencia de “…una convivencia en casos de violaciones a derechos humanos por las fuerzas de seguridad de proteger a sus miembros...”[6].
3. Impacto socio-económico.
Antes del golpe de Estado se esperaba para el 2009 un crecimiento de la economía hondureña en 2% ó 3%. Sin embargo en la revisión del programa monetario efectuado después del Golpe se estima que el crecimiento de la economía será de -2% impactando directamente en la actividad económica y en la agudización de la pobreza.
La incertidumbre económica y política tiene un impacto negativo en los flujos de inversión extranjera directa, ya que pasaron de US$405.8 millones al primer semestre de 2008, a US$274.4 millones en el mismo período de 2009. Esto favorece condiciones para que en el corto plazo sea ineludible la devaluación de la moneda nacional. Asimismo, el aislamiento internacional, que implica congelamiento y suspensión de fondos y créditos, impacta en la capacidad estatal de programas sociales, dado que el 56% de la inversión pública y el 16.4% del presupuesto estatal se financian con fondos externos, puesto que los diferentes gobiernos han aludido asumir la responsabilidad de este tipo de rubros desde los fondos públicos.
Un hecho sobresaliente es el cierre de fronteras ocurrido en las primeras 24 horas después del golpe de Estado realizado por los países fronterizos con Honduras que conforman el Sistema de Integración Centroamericana (Guatemala, El Salvador y Nicaragua). La quinta parte de lo que Honduras compra y vende lo comercializa con estos tres países. La acción de condena al golpe, representó una pérdida en exportaciones de 2.85 millones de dólares en dos días afectando una economía centroamericana interdependiente.
Conforme un análisis elaborado por el Grupo de Sociedad Civil (GSC), entre más se consolide el Golpe de Estado mayor es la profundización de sus efectos en el aumento de la pobreza, no solamente por los efectos del aislamiento internacional, sino también por la prioridad de la agenda social en el marco del golpe. Desde el 28 de junio la prioridad del gobierno de facto ha sido el tema de seguridad nacional y acentuación de políticas represivas. Instancias estatales como la Secretaría de Educación, Fondo de Inversión Social y red solidaria a septiembre 2009 no llegan ni siquiera al 60% de ejecución presupuestaria, en contraste con instancias como la Secretaría del Despacho Presidencial, Presidencia de la República y Fuerzas Armadas que para el mismo mes ya habían superado el 75% de ejecución.
Esta situación se refleja en la siguiente gráfica elaborada por el GSC:
Por su parte, miembros del Bloque Popular de Honduras, critican que mientras se mantiene una protesta por parte de pacientes del Instituto del Seguro Social a quienes se les ha suspendido o limitado la atención y provisión de medicamentos para padecimientos renales, los gastos destinados por el gobierno de facto en publicidad y propaganda electoral son significativamente desproporcionados en relación a la atención a la salud. Advierten además que las cotizaciones al Seguro Social han descendido aproximadamente en 110 mil cotizaciones en los últimos cuatro meses, lo que implica que el nivel de desempleo ha aumentado y que empresarios, principalmente del rubro de la maquila, han dejado de remitir planillas de sus trabajadores a la seguridad social[7].
Para el GSC, la actual crisis política ha demostrado que la fragilidad democrática tiene como resultado la agudización de la pobreza. Los primeros tres meses de la crisis generada a partir del golpe de Estado, incluyendo los costos de tomas de carreteras y toques de queda, han representado para Honduras aproximadamente el 6% de su Producto Interno Bruto. Entre más tiempo se tarde la reversión del golpe del Estado mayor será el impacto económico de la crisis política.
CONDICIONES EN QUE SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES.
1. El proceso electoral antes del 28 de junio.
El sistema electoral hondureño, es un sistema ya cuestionado antes del golpe de Estado. Las elecciones del 2005 son consideradas como uno de los peores eventos electorales en la historia hondureña. Entre los aspectos más graves señalados es la forma en que se manipularon los resultados electorales, de tal manera, que “…varios candidatos pagaron para ser ubicados en mejores posiciones de la que realmente les correspondía….”[8]. Un indicador de estas irregularidades es que los “… resultados oficiales de esas elecciones ni siquiera han sido conocidos hasta la fecha….”[9].
Algunos de los partidos políticos han señalado la existencia de un sistema electoral que en el pasado ha sido inequitativo y desigual, manteniendo un sistema de bipartidarismo entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, dos fuerzas que suelen ponerse de acuerdo para mantener el “status quo”. No ha existido la capacidad, ni adecuada distribución del presupuesto que permita acceso a recursos a todos los partidos para poder capacitar a sus observadores, participación en medios de comunicación y acceso al monitoreo de los resultados. Esto limita una la participación equitativa.
El proceso actual se encuentra cuestionado desde la conformación del Tribunal Supremo Electoral en el año 2008. Al respecto se señala como inconstitucionales los nombramientos de los magistrados David Matamoros Batson (ex Diputado del Congreso en representación del partido nacional) y Enrique Ortez Sequeira (ex regidor en la alcaldía de la capital y miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal). También fue reelecto como magistrado Saúl Escobar, del Partido Demócrata Cristiano.
Los dos nuevos magistrados, al momento de su elección ostentaban otros cargos de elección popular. La Constitución de la República de Honduras establece en su artículo 52 que no pueden ocupar esos cargos los que estén nominados para ocupar u ostenten cargos de elección popular, asimismo los que estén desempeñando cargos directivos en los partidos políticos legalmente inscritos[10].
También se analiza como inconstitucional la candidatura presidencial por el Partido Liberal de Elvin Santos, vicepresidente de la República hasta diciembre 2008, quien por haber ejercido la titularidad de la Presidencia durante las ausencias del Presidente Zelaya, ejerció este cargo público.
Las deficiencias del sistema electoral que ha caracterizado a Honduras en el pasado, se ha mantenido para las elecciones del 2009. Hay poca confianza de los ciudadanos en el proceso electoral y sus instituciones, en especial el Tribunal Supremo Electoral. Los mismos dirigentes de los partidos consideran que es posible manipular los resultados finales. Se alcanza a preveer incluso “…que diputados van a salir elegidos ya con anticipación…”[11].
Un hecho particularmente grave fue el hallazgo y decomiso en el mes de octubre del año pasado de alrededor de 3 mil cédulas de identidad personal en un predio.[12]. Al respecto, Aída Leyva, empleada del registro de personas, planteo que “…nosotros creemos que a lo mejor han sido entregadas a los políticos, quienes cuando constatan que algunas personas no son militantes de sus partidos simplemente las botan…”[13].
El padrón electoral registra alrededor de 1 millón 3 mil nuevos votantes en relación a las elecciones del 2005. El ciudadano queda registrado en el padrón electoral automáticamente al sacar su cédula de identidad, “…en ese registro, que no ha sido actualizado en 14 años, pueden estar hondureños ya muertos o que se encuentran o viven fuera del país…”[14]. Una condición favorable a un fraude.
2. El proceso electoral después del 28 de junio.
El contexto de la situación irregular que se vive en Honduras, toman una mayor dimensión una serie de vacíos en materia formal, así como medidas tomadas por el gobierno de facto apoyadas por instancias policiales y militares que en su conjunto no ofrecen garantías para el respeto del ejercicio de los derechos políticos.
Destaca, por ejemplo, la posibilidad de que un candidato o candidata renuncie incluso el mismo día de las elecciones y pueda ser sustituido, sin que el elector tenga información sobre ello. La normativa electoral permite que se siga la votación aunque en las papeletas tengan todavía las fotografías de los candidatos que hayan renunciado, por lo que el votante que votará por esta persona en realidad lo hará por su suplente o por el que haya designado el partido político para sustituir la candidatura. Este aspecto es importante, dado que un significativo número de candidatos a diputados y alcaldes de los partidos UD, PINO y Liberal, han renunciado a sus candidaturas por cuestionar las condiciones en las que se realizan estas elecciones.
Es cuestionable también el nombramiento para estas elecciones de la figura de los custodios electorales, no prevista en la Constitución, que incluye a miembros de la sociedad civil que serán responsables del resguardo del material electoral. El mecanismo deja dudas por la forma en que se organizará. Hasta el momento, las organizaciones involucradas la figura de custodios son únicamente afines al gobierno de facto que justifican el golpe de Estado.
3. Retiro de candidatos de la contienda electoral.
Para el Tribunal Supremo Electoral era importante que la candidatura independiente representada por el sindicalista Carlos H. Reyes permaneciera en la contienda, puesto que ello contribuía significativamente a la credibilidad de las elecciones[15]. Sin embargo, éste anunció su renuncia al mismo tiempo que hizo un llamado a no ejercer el voto y a todo candidato no golpista a renunciar.
Para los partidos de Innovación Nacional y Social Demócrata (PINO) y Unión Democrática (UD), si renuncian a participar en estas elecciones habría peligro de desaparecer como partido. Según la ley electoral si un partido no participa desaparece. Para el partido UD “…hay intención de voto para la UD doble con respecto a la del año pasado. Aun sin el apoyo del movimiento de resistencia…”[16] . La decisión de participar por candidatos de estos partidos, sin embargo, no desconoce que las condiciones les son sumamente desfavorables, incluyendo un posible fraude. No pasan por alto tampoco, en el caso de la UD, que aún participando puedan ser cancelados como partido por no alcanzar el mínimo del 2% de votos o al menos un diputado en el Congreso.
No obstante varios candidatos de ambos partidos ya han presentado su renuncia, algunas hechas en actos masivos. Para la Fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, ningún partido político se retirará de la contienda oficialmente como partido y los candidatos que han renunciado “…son los que no tienen reales posibilidades de alcanzar un cargo…”[17]. Sin embargo, diferentes encuestas de opinión de los mismos organismos electorales y encuestadoras privadas reflejaban aumento de intención de voto a favor de la candidatura de Carlos H. Reyes antes que éste renunciara.
4. Violencia contra opositores políticos.
Los representantes de los partidos PINO y UD, así como diputados y candidatos del Partido Liberal afines al Presidente Zelaya, consideran que no existen condiciones de participación abierta a los partidos que están en contra del golpe. Un ejemplo de ello es la represión por parte de efectivos militares y policiales contra la llamada “marcha de las banderas” en octubre pasado. Esta concentración coincidió con la visita de Thomas Shanon, Subsecretario de Estado para America Latina del gobierno de Estados Unidos. Por gestiones de UD, la concentración contaba con la autorización del Tribunal Supremo Electoral en el marco de la campaña política.
POSIBLES ESCENARIOS.
Los partidos políticos contrarios al golpe de Estado se encuentran aún a pocos días del 29 de noviembre con la disyuntiva de si participar o no en las elecciones. Por la falta de acuerdos previos a las elecciones se puede dar un escenario de ingobernabilidad. Asimismo, el Presidente Manuel Zelaya ha anunciado en una carta dirigida al Presidente de Estados Unidos, Barak Obama, que impugnará los resultados de los comicios[18].
Varios de los entrevistados han señalado que es previsible que en los días previos de las elecciones los niveles de violencia tiendan a incrementarse, aunque no se sabe con certeza los niveles a los que llegara. Algunos sectores de la sociedad civil han planteado el peligro de una masacre y han denunciado planes del gobierno de facto para eliminar a los dirigentes de la resistencia. Esto se agrava por un alto grado de militarización y la imposición de regimenes de suspensión de garantías no vistos en la historia reciente centroamericana. Es más grave aun cuando se constata que viejos actores vinculados con la represión de los años 80´ son figuras visibles en el gobierno de facto, tales como Billy Joya, del extinto batallón 3-16 ahora asesor en seguridad de Roberto Micheletti.
Para algunos sectores sociales es particularmente grave que pese a esta situación, el proceso electoral cuente con el apoyo financiero y asistencia técnica de instancias como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Representantes de este organismo internacional han planteado a líderes políticos y sociales que les han cuestionado al respecto, que se trata de un “…aporte técnico, no político y que situaciones criticas como la hondureña se resuelven con elecciones…”[19].
1. Elecciones en un clima de tensión y cuestionamiento.
Algunos actores entrevistados señalaron que no esperan que el propio día de las elecciones, el 29 de noviembre, se den acciones violentas o al menos acciones violentas de magnitud. Consideran que “…los hechos más relevantes de represión y violencia se darán cinco días antes del evento electoral[20].
Por su parte, han sido convocados para garantizar la seguridad electoral más de 3,500 reservistas (cifra que puede subir a 10 mil), identificados como parte de reservas de la Fuerzas Armadas desde la década de los ochenta. Serán unas elecciones militarizadas.
Se señala que hay planes de represión contra las personas y organizaciones que han manifestado su oposición al gobierno de facto. Es importante señalar que “…esta convocatoria no ha sido hecha desde el Tribunal Supremo Electoral, sino directamente por el presidente de facto, Roberto Micheletti…”[21]. La legislación establece que las Fuerzas Armadas pasan a la dirección del Tribunal Supremo Electoral.
Por ser unas elecciones altamente cuestionadas, convocadas por un gobierno de facto y en medio de operativos militares y policiales contra opositores políticos, es posible un ausentismo y abstención electoral que supere, en el caso de este último el 45% de abstención que se registró en el año 2005. No obstante, a diferencia de otras legislaciones homologas en Centroamérica, la legislación electoral hondureña no establece un mínimo de votantes ni un porcentaje especifico como requisito para declarar un ganador. Es decir, aunque la asistencia a las urnas sea mínima, será suficiente para que el Tribunal Supremo Electoral nombre a un futuro presidente entre los contendientes.
También se plantea que un fraude electoral “… favorecería al candidato del partido liberal, ya que es posible que el partido nacional saque más votos debido a que en el caso de Elvin Santos hay una división fuerte entre su partido. Sin embargo, en función de garantizar el bipartidismo, pueden pactar para mantener el balance de diputados…”[22].
2. Elecciones violentas.
2.1 Posibles acciones violentas y armadas de boicot.
Ninguno de los actores entrevistados señaló que el llamado del movimiento de resistencia a no votar o a un boicot al proceso electoral implicase acciones violentas o armadas. No obstante, unos si plantearon que la resistencia no tenía la capacidad de controlar a todos los grupos aglutinados bajo esta iniciativa, por lo que “…podrían darse acciones violentas por parte de grupos sin control…”[23].
El diputado del partido UD, Marvin Ponce, considera que “…habrá participación de la población, se decretará un Estado de Sitio el 28/11 y habrán capturas contra líderes sociales tres días antes de las elecciones…”[24]. El diputado ha manifestado que no es partidario de ir a un boicot físico y activo al evento electoral, por considerar que no habrá tolerancia para los que obstaculicen las elecciones, hay órdenes para los militares de disparar de la cintura para abajo. Señala que hay una invitación para boicotear pero no hay una plan, ni capacidad de asimetría para oponerse a las elecciones. Lo único que garantizaría unas elecciones sin violencia sería la restitución del Presidente Zelaya antes del 29 de noviembre.
Para la Fiscal de Derechos Humanos, “…llamar al abstencionismo no se considera delito, sino una falta…”[25]. Para el ex comisionado de Derechos Humanos, Dr. Leo Valladares[26], una acción de boicot se contempla como delito electoral conforme el Art.209 de la Ley electoral. Dado que no hay fiscalía electoral, quienes procederían contra personas que se considerara han cometido este delito, serían de la fiscalía de delitos comunes. De hecho, el Fiscal General, Luis Alberto Rubí, advirtió el 16 de noviembre que procederán contra toda persona que intente boicotear los comicios, para lo cual han designado a 530 fiscales para el día de las elecciones[27].
2.2 Represión.
Para algunos actores “…las violaciones en derechos humanos van en función de las decisiones de la resistencia…”[28]. Consideran improcedente que el movimiento de resistencia califique de golpista o traidor a las personas que decidan ir a votar. En caso se den acciones violentas como parte del boicot anunciado por la resistencia, las autoridades ejercerán el deber de hacer uso de la fuerza.
Se espera una fuerte represión un poco antes y durante las elecciones. Para el CODEH, citando información desde fuentes militares “…habrá una masacre de personas en las urnas, al menos eliminarán a 1,300 personas, especialmente delegados en las mesas electorales receptoras….”[29]. Sobre estas declaraciones ante el Tribunal Supremo Electoral y hechas públicas por el presidente del CODEH, Andrés Pavón, el Magistrado del TSE, Enrique Ortez, informó que solicitaron al Ministerio Público proceder contra Pavón por delito electoral, señalando que: “…“Nosotros sólo cumplimos con nuestra obligación de no permitir que nadie llame al abstencionismo, no permitir que se trate de boicotear el proceso electoral y este es el paso inicial para que eso no se lleve a cabo”[30].
Por su parte el Presidente del CODEH ha entregado fotografías de vehículos y personas que han dado seguimiento y monitoreo a líderes del movimiento en Resistencia y partidos políticos, vigilancia realizada con el objeto de controlar la ubicación de estas personas para facilitar su captura o medidas intimidatorias.
2.3 Auto atentados y auto boicot.
Se advierte con preocupación que “…fuerzas al interior del gobierno de facto están trabajando para que las elecciones no se den….”[31]. Se señala como ejemplo el lanzamiento supuestamente desde una avioneta el pasado 12 de noviembre de un artefacto explosivo cerca de las bodegas donde se guarda el material electoral. A juicio de la activista de derechos humanos, Berta Oliva, este es un indicador claro ya que solo los militares tienen ese tipo de artefactos, RPG7, dado que fueron decomisados por las fuerzas armadas en la década de 1980.
Por otra parte, el ministro de la Presidencia del gobierno de facto, Rafael Pineda Ponce, aseguró que el subsecretario de Estado adjunto estadounidense, Craig Kelly, manifestó preocupación "porque hay algunos brotes de intranquilidad, posiblemente de terrorismo, inspirados y agitados posiblemente por personas que no son necesariamente del gobierno"[32].
3. Suspensión de elecciones.
Es el menos probable de los escenarios. Sin embargo, de darse el hecho pasaría por la restitución del Presidente Manuel Zelaya. Podría también generar las condiciones para a favor de la propuesta de convocar a una Constituyente desde el Congreso aunque este órgano del Estado deba reconocer la necesidad de incluir a las organizaciones sociales en ese proceso.
Finalmente, algunos dirigentes partidarios aún esperan un acuerdo político que permita la restitución del Presidente Manuel Zelaya antes del 29 de noviembre. Con ello señalan que cambiarían todos los escenarios. Por esa razón, guardarán hasta el último momento la posibilidad de renunciar a participar en las elecciones.
CONCLUSIONES.
El acuerdo Tegucigalpa – San José reconoce la ausencia de un clima apropiado de convivencia ciudadana y gobernabilidad actual en Honduras. Pese a ese contexto el gobierno de facto ha persistido en la celebración de elecciones este 29 de noviembre.
No hay garantías mínimas de transparencia, democracia y seguridad para el próximo 29 de noviembre. Esta situación es señalada no solo por organizaciones sociales y políticas hondureñas, sino también por algunos voceros de la comunidad internacional. Es posible que se dé un fuerte ausentismo y abstencionismo, tanto por la desconfianza de los electores como del miedo a salir a las calles el día de las elecciones. Asimismo, las instancias a las que puede el ciudadano recurrir en caso de irregularidades y violación a las leyes y a su integridad no son confiables.
Si bien algunos actores políticos e institucionales consideran que las elecciones constituyen un paso necesario para la solución del conflicto hondureño, si estas se dan bajo el control de un gobierno de facto, en un contexto militarizado, teniendo como precedente el rompimiento del orden institucional y bajo la amenaza de acciones violentas, en realidad pueden representar más bien una profundización del conflicto más que un paso hacia su posible solución. Mas grave aún si se concretan las expectativas que pocos días antes y el propio día de las elecciones se den hechos de violaciones a derechos humanos contra opositores políticos, activistas sociales y defensores de derechos humanos.
Algunos gobiernos, como el de Panamá y Estados Unidos, han respaldado las elecciones hondureñas y anunciado que reconocerán al gobierno electo en las mismas. En contraste, los Estados de Ecuador, Argentina y Bolivia han señalado lo contrario y otros gobiernos, como el de España y Brasil advierten que estas elecciones se realizan sin condiciones mínimas de credibilidad y seguridad. No hay ninguna garantía de que el ciudadano pueda ejercer libremente su voto y que su elección sea respetada.
Existe preocupación que, pese a su discurso, desde la inactividad de institucionalidad de la comunidad internacional (Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Parlamento Europeo y SICA), el gobierno de facto y las alianzas visibles a su alrededor, logren el objetivo de ganar tiempo y que después de consolidar las elecciones vayan siendo reconocidos poco a poco por los gobiernos del mundo, llevando a un segundo plano el precedente del golpe de Estado militar perpetrado el 28 de junio.
Concluimos este informe manifestando que lo que sucede en Honduras es competencia del mundo entero, más aún de los países Centroamericanos cuya fragilidad democrática e institucional adolece, en diferentes proporciones cada uno, de los mismos vacíos y peligros que caracterizaban a este país antes del golpe de Estado, particularmente los relacionados al control de poderes fácticos en las estructuras estatales de la región. Manifestamos también nuestro llamado, compromiso y esperanza por que los esfuerzos de unidad de los actores sociales e institucionales que buscan el rescate de la institucionalidad en Honduras se consoliden y avancen pese a la adversidad de estos días de crisis, violencia e intolerancia.
Centroamérica, martes 24 de noviembre 2009.
[1] Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) de Guatemala; Fundación Salvadoreña para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD) y Comité de Familiares de Victimas de violaciones a los Derechos Humanos (CODEFAM) de El Salvador; Centro de Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) y Comité de Derechos Humanos (CODEH) de Honduras; Centro de Derechos Humanos de Nicaragua (CENIDH); Departamento jurídico de la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) y el colectivo de la Comisión de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA). La Secretaría Técnica esta bajo la responsabilidad del programa Centroamérica de la Federación Luterana Mundial
[2] Dr. José Miguel Insulza. Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). DPA. 04.09-09.
[3] EFE. Madrid, 17/11/09.
[4] AFP, 18 noviembre 2009.
[5] Entrevista con Sandra Ponce, Fiscal de Derechos Humanos, realizada el 18/11/09.
[6] Idem.
[7] Reunión con dirigentes del Bloque Popular en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida (STYBIS) celebrada el 19/11/09.
[8] Prof. Adán Palacios Irachéz. Coordinador de “El Mirador Electoral”. Entrevista realizada el 19/11/09.
[9] Wilfredo Méndez. Director de Innovación Nacional y Social Demócrata (PINO). Entrevista realizada el 18/11/09.
[10] Constitución de la República de Honduras. Artículo 52.- El Tribunal Supremo Electoral estará integrado por tres (3) Magistrados Propietarios y un (1) Suplente, electos por el voto afirmativo de los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional por un período de cinco (5) años, pudiendo ser reelectos.
Para ser Magistrado del Tribunal Supremo Electoral se requiere ser hondureño por nacimiento, mayor de veinticinco (25) años, de reconocida honorabilidad e idoneidad para el cargo y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
No podrán ser elegidos Magistrados del Tribunal Supremo Electoral:
1. Los que tengan inhabilidades para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia;
2. Los que estén nominados para ocupar u ostenten cargos de elección popular; y,
3. Los que estén desempeñando cargos directivos en los partidos políticos legalmente inscritos.
Los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral no podrán realizar o participar de manera directa o indirecta en ninguna actividad política partidista, excepto emitir su voto el día de las elecciones, ni desempeñar ningún otro cargo remunerado, excepto la docencia.
* Modificado por Decreto 412/2002 y ratificado por Decreto 154/2003.
[11] Wilfredo Méndez. Director de Innovación Nacional y Social Demócrata (PINO). Entrevista realizada el 18/11/09.
[12] Lic. Andrés Pavón. Presidente del Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH). Entrevista 18/11/09.
[13] Diario “La Prensa”. 18/10/09
[14] Prof. Adán Palacios Irachéz. Coordinador de “El Mirador Electoral”. Entrevista realizada el 19/11/09
[15] Dra. Lorena Zelaya, representante ante el Tribunal Supremo Electoral de la candidatura independiente a la Presidencia de Carlos H. Reyes. Entrevista realizada el 17/11/09.
[16] Diputado Marvin Ponce, del partido Unión Democrática. Entrevista realizada el 20/11/09.
[17] Sandra Ponce, Fiscal de Derechos Humanos. Entrevista realizada el 18/11/09.
[18] AFP. 19/11/09.
[19] Dra. Lorena Zelaya, representante ante el Tribunal Supremo Electoral de la candidatura independiente a la Presidencia de Carlos H. Reyes, citando una conversación con Rossio Tabora, referente del PNUD en Honduras en relación a la asesoría técnica para el proceso electoral. Entrevista realizada el 17/11/09.
[20] Bertha Oliva. Presidenta del COFADEH. Entrevista realizada el 17/11/09.
[21] Diputado Marvin Ponce, Partido Unión Democrática, realizada el 20/11/09.
[22] Ídem.
[23] Wilfredo Méndez. Director de Innovación Nacional y Social Demócrata (PINO). Entrevista realizada el 18/11/09.
[24] Diputado Marvin Ponce, partido Unión Democrática. Entrevista realizada el 20/11/09.
[25] Entrevista realizada con Sandra Ponce, Fiscal de Derechos Humanos, el 18/11/09.
